Las consecuencias del fatal descuido por estas empresas e incluso la inacción de las municipalidades responsables que se hacen presentes sin una solución factible en pro del medio ambiente, recaen sobre los pobladores quienes respiran intoxicándose incansablemente con los diversos metales tóxicos que por conocimiento general son dañinos para el ser humano, repercutiendo en la salud de los residentes aledaños.
“Los pobladores de los distritos de Independencia, San Martín de Porres, Carabayllo y Los Olivos son los principales afectados” indicó el Jefe de la Oficina Defensorial de Lima Norte, Fabián Tutaya Torres. Pero no termina ahí, Tutaya detalló que las enfermedades más frecuentes que se reportan en los Centros de Salud de Lima Norte son las de tipo diarreico, como malaria, dengue, cólera, intoxicaciones severas, infecciones respiratorias, tifus e incluso cáncer.
La contaminación también afecta a miles de estudiantes y trabajadores de las Instituciones educativas que existen a lo largo de la avenida El Pacífico del Distrito de Independencia, quienes conviven con los gases que emiten las empresas industriales Etna, Pauta, Indura, Ceisa y Laminado.
En cuanto a las instituciones, en comunicación telefónica con Juliana Velasco, Supervisora General del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), ubicado en Independencia, aseveró que conviven en conflicto con la empresa Etna, situada a sus espaldas, debido a la emisión de gases que la empresa genera y que impide respirar sanamente a los estudiantes, trabajadores y al personal de seguridad por las noches.
Tutaya Torres, agregó que en cuanto al medio ambiente, la polución origina alteraciones en el ecosistema, afecta la flora y fauna, contamina el agua y acelera el cambio climático.
La Policía Ecológica ha intervenido en las diferentes zonas de Lima Norte con la finalidad de reducir la contaminación ambiental. Situación contradictoria, pues su labor se ve limitada cuando las autoridades jurisdiccionales no denuncian a las empresas irresponsables ni prosiguen las investigaciones, quedando impunes los hechos de contaminación que la policía Ecológica indica.
Los Ministerios del Medio Ambiente y Producción se han comprometido a realizar las acciones pertinentes con el objetivo de llegar a una solución. Para lograrlo, el Ministerio de Producción debe priorizar la aprobación del Reglamento de Fiscalización y Sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente ya citó a La Municipalidad de Independencia para informar sobre la situación de la empresa “Ceisa”.
Recordemos que parte de la labor de los municipios es revisar su TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos), a fin de incorporar los requisitos técnicos para la protección ambiental y salud de las personas, así como de participar en el Programa de Municipios Eco eficientes que promueve el Ministerio del Ambiente.
Existen ya propuestas inactivas en lo práctico, entre ellas la de elaborar un Plan Integral con el concurso y acciones de todas las instituciones directa e indirectamente involucradas, también el diseño, aprobación, implementación y cumplimiento de las normas, estrategias y políticas para la adecuada gestión del ambiente y del aire. Además de la formación de un Comité multisectorial e interinstitucional que elabore, ejecute y haga seguimiento al Plan y a la Estrategia.
El funcionario del Ministerio de Producción, César Albarracín manifestó que para la realización de actividades industriales, se requiere que cuenten con instrumentos de gestión ambiental que garanticen la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales y, sobre todo, el derecho a la vida”.
Los pobladores aledaños a Tambo de río, rivera del río Chillón denuncian que actualmente la planta potabilizadora del consorcio Agua Azul extrae el líquido tanto de la superficie como del subsuelo, para ello se han realizado estudios de impacto y otros con el fin de determinar la cantidad de agua a extraer sin ocasionar daño a la agricultura y a la población rural. Pese a ello, la escasez de agua ya es un problema vívido y lo mismo ocurre en Comas. Carlos Puente, residente de la zona indicó “Los pozos se han secado, hemos hecho un pozo más profundo pero ya no hay agua”
En voz unánime comentaron sus sospechas de que una fábrica de pinturas ubicada en la zona estaría extrayendo agua del subsuelo en cantidades industriales. "¿De dónde cree que sacan agua la fábrica?, "Desde que instalaron esa fábrica los pozos se secaron, ya no hay agua de pozo y tampoco SEDAPAL nos pone agua". Se quejan los pobladores. A ello se agrega las enormes cantidades de desmontes y residuos sólidos que día a día son arrojados al río, por los camiones recolectores de la Municipalidad de Comas y recicladores.
Lo prometido no queda en deuda. En compromiso con mis entrevistados, he aquí la lista de acciones que esperan se pongan en consideración y acato:
a) El Ministerio de Agricultura demarque la franja marginal del río de acuerdo a la Carta Geográfica.
b) Las Municipalidades de Comas y Puentes Piedra prohíban la circulación de maquinaria, arrojo y quema de residuos sólidos en el cauce del río Chillón.
c) Los Municipios de Comas y Puente Piedra recuperen los niveles de seguridad de los pobladores que viven en la rivera del río, tomando acciones legales correspondientes contra las personas que se dedican al tráfico y comercialización de los residuos sólidos.
d) El Ministerio de Agricultura defina los cauces y límites del río dado que se ha alterado el cauce del río, se requiere que la Municipalidad de Comas encauce el río con el mismo material colmatado en el río.
e) Ordenar y regular la labor de los recicladores quienes ocasionan más problemas en la zona (arrojan los residuos al río, impiden que se coloque tranquera en el ingreso a Tambo de río y se han apropiado de predios que no les pertenecen, instalando su vivienda).
f) La Municipalidad de Comas debe realizar labores de mantenimiento de la trocha que da acceso a Tambo de río y que por último las entidades del Estado recuperen el principio de autoridad e implementen una estrategia de recuperación del río.
Un chofer de la Municipalidad de Comas, quien prefirió mantener su anonimato, sostuvo que la Hacienda Chacra Cerro del sector 7 del distrito en mención se utiliza como relleno sanitario, siendo un Proyecto Piloto de Recolección de Residuos Sólidos de la Municipalidad. Sin embargo, al buscar una respuesta sólida, el funcionario de la Municipalidad de Comas, Hugo Villegas Soto, dijo desconocer dicho proyecto.
Para darle color al tema, en la zona del relleno no reconocido por las autoridades, existen cantidades industriales de residuos orgánicos e inorgánicos, la misma que en ese momento era ordenada por especies para luego ser distribuida y comercializada por recicladores que no contaban con ninguna medida de protección. Esta situación que contaría con el conocimiento y aval de la Municipalidad de Comas. “Nosotros tenemos un convenio verbal con la municipalidad de Comas a través del señor Jorge Coha y nos beneficiamos con el producto, esta es una planta provisional piloto, tenemos trabajando 6 meses pero con el consentimiento de la Municipalidad de Comas”, respondió el reciclador José Goycochea Rodríguez, al consultar sobre la legalidad de sus labores.
No es novedad, la Fiscal Provincial, Dra. Ramos comentó sobre la detención de una unidad recolectora de residuos sólidos de la Municipalidad de Comas, asignada con la placa XO-7209 cuyo chofer no respondió a la fiscal al solicitar su nombre, manifestó que regresaba del taller y se dirigía hacia la planta, ubicada entre la Av. Túpac Amaru y Jamaica.
Cabe señalar que los funcionarios de la Municipalidad de Comas se mostraron reacios y poco cortes para colaborar con las labores fiscales. La Fiscal, Fibet Ramos Mamani, de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito y Asuntos Ambientales de Lima Norte dispuso que en el plazo de 30 días la Policía Ecológica inicie una investigación que comprende citar a los funcionarios de la Municipalidad de Comas –incluyendo al Alcalde- y a los recicladores que se laboran en la zona y Solicitar un informe a DIGESA.
Los encargados de velar la salud pública y el medio ambiente, es decir el MINSA, la Policía Ecológica, el Ministerio del Medioambiente, deben plantear bien las soluciones a esta problemática. Promuevan espacios de diálogo y propuestas conjuntas de estas entidades del Estado y los pobladores, a fin de resguardar los derechos fundamentales de las personas, su salud y contar con un medio ambiente sano y equilibrado.